Exigir a las empresas públicas y privadas que fuercen la vacunación a sus empleados no solo atenta contra los derechos individuales, también desprecia el orden constitucional mismo, ya que no existe ley alguna que apruebe el dictado del presidente Joe Biden.
Un dictado muy peligroso, ya que además, el presidente se quiere brincar a los gobernadores de los cincuenta estados de la unión, para imponer la totalidad de su mandato "sanitario".
Por lo tanto, si la posibilidad de replicar lo mismo surgiere en la mente del presidente de México, el responsable de evitar la acumulación de poder del ejecutivo sería la suprema corte de justicia.
En ese caso, el dilema sería: ¿Respetaría el máximo órgano de justicia las decisiones individuales de los mexicanos en cuanto a su salud y su propio cuerpo - como se falló a favor de la mujer y su propio cuerpo en el tema del aborto-, o la suprema corte sería selectiva, permitiendo que el presidente acumule más poder con la vacunación forzosa?
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