‘‘La frontera guatemalteca con Chiapas, México, es ahora nuestra frontera sur’’
-Alan Bersin (1946-) exasesor internacional en jefe del Departamento de Seguridad Nacional de los EUA
Nuevas revelaciones de Wikileaks, que implican a la Secretaría de Estado de los EUA en la privatización de petróleo mexicano, corroboran el hecho de que el corporativismo ha sustituido a la democracia en América del Norte.
Justo la semana pasada hablaba sobre el área de seguridad militar norteamericana y el imperio financiero que hace de México una provincia. Ahora me topo con la noticia de que las corporaciones transnacionales, lideradas por la exsecretaria de Estado Hillary Clinton gestionaron la ‘reforma’ energética de México, todo ‘lubricado’ por la banca transnacional.
Dicho accionar político-económico acelera la ‘integración’ de México a la órbita de los intereses energéticos corporativos estadounidenses. Esto no equivale a ‘liberar’ dicho sector paraestatal para permitir la competencia abierta, si no a desvincularlo del Estado para facilitar su depredación parasitaria por las multinacionales privadas, algo que se ha hecho costumbre en las últimas décadas.
Este corporativismo, que fusiona al poderío empresarial y político de más alto rango, no es una novedad en la región. De hecho, Donald Trump, el caballo de troya de la política americana, se refirió indirectamente a ello en el primer debate presidencial del partido republicano. Trump dijo que se había vuelto común en Washington pagarle a los legisladores para obtener favores políticos, lo cual además de ser corrupción, es nada más y nada menos la base del corporativismo.
La ‘conveniencia sistémica’ llamada Donald Trump representa la forma de pensar de buena parte del establishment americano, el cual paradójicamente se ha beneficiado de aquello que critica. Su alfil Trump les sirve para encrespar a la opinión pública y para realzar las expectativas sociales de ambos lados de la frontera. El notorio empresario es una bomba de humo, que nos disuade del giro hacia la derecha, de una burocracia que lo utiliza para encubrir al corporativismo que subyace, y que saben, es el verdadero culpable de las injusticias continentales.
Lo que sí es cierto es que este corporativismo antidemocrático define el tipo de ‘unificación’ ventajosa deseado por las élites y las clases políticas de ambos países. Ninguno de estos grupos quiere una unión al estilo europeo, lo cual implica compartir mercados laborales, comerciales y financieros y, por otro lado, homologar las culturas alrededor de ciertos parámetros comunes.
Los poderosos saben que el pueblo no está a favor de profundizar la pérdida de soberanía e identidad nacional. Asimismo, también reconocen que los abismos socioeconómicos, y las diferencias étnicas y culturales, imposibilitan la afiliación. No obstante, el ‘integracionismo’ se mantiene como discurso público, ya que les permite, tras bambalinas, marchar hacia la toma corporativa del territorio, las finanzas, la energía, y la ampliación de la seguridad armada, estratagema que ulteriormente exacerba su dominio como oligarquía norteamericana.
Y aunque la liberalización de algunas barreras comerciales si ha incrementando el intercambio bilateral, lo que más se ha acentuado, desde lo político, es la falta de representación popular.
En este sentido van las declaraciones del secretario de Estado John Kerry, quien se refirió a la inminente firma del Acuerdo Trans Pacífico (TPP) –que catapultará a las corporaciones transnacionales muy por encima de los órdenes jurídicos–, como la cristalización de la unión post-TLC, entre EUA, México y Canadá.
Ya ni siquiera se mencionan los derechos humanos o la gobernabilidad de una zona en guerra. Simplemente se avanza en la forzosa y anti-republicana incorporación de los activos, todo comandado por el U.S. Northern Command (NORTHCOM), tentáculo armado de NORAD.
Es por eso que la proliferación de armas, el narcotráfico, la financialización de la economía, la venta de más recursos, y la quiebra de cada vez más industrias, juega a favor del corporativismo y el capitalismo rentista que arrasa con la civilidad.
Todo esto genera cada vez más descontento popular, efecto natural de un tablero socioeconómico súper desigual, que aparte es presionado por la excesiva vigilancia de un Estado policiaco. Según un reciente encuesta de la Segob y el Inegi, 87.7% de los jóvenes mexicanos –cuyas edades fluctúan entre los 12 y 29 años– no confían en la Policía, ya que creen que ha rebasado sus funciones básicas como proveedora de seguridad. En pocas palabras, la represión ha llegado para quedarse, y por eso es que ahora la inconformidad se refleja en la superficie.
Entre más se vaya centralizando el poder económico y financiero –mediante la manipulación jerárquica de las materias primas y los recursos humanos–, tendremos como resultado más animadversión popular, la cual, como siempre, será reprimida con una amenaza público-privada impositiva.
Esta formula traerá más sufrimiento del que merecemos, todo para dar gusto a un puñado de personas que no respetan bandera ni identidad más que el dinero.
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