De reglas y pragmatismos

‘‘Regular es crear las condiciones para la imposición de todo tipo de restricciones y límites a la comercialización, propaganda y consumo de un producto’’

Cesar Gaviria (1947-) político colombiano

Toda regulación implica certificar algo para facilitar su control y el de la sociedad que lo utiliza. 

A diferencia de la regulación, la legalización sí libera al producto o servicio de su previa criminalización, permitiéndole al individuo, a las asociaciones civiles (A.C.) o a la misma iniciativa privada que participen de la comercialización, como sucede con el alcohol y el tabaco.

El caso de la regulación es distinto, ya que implica que el Estado se hace cargo, con el objetivo fundamental de sublimar los efectos sociales de la distribución y el consumo de lo que se regula.

Uruguay, el primer país que se atrevió a regular y legalizar al mismo tiempo la marihuana es un caso curioso, ya que ley que se aprobó es realmente un híbrido adaptado a las particularidades de su sistema social. O sea que con todo y que se legalizó, es el individuo, las A.C. y el Estado los que ahora tendrán poder sobre la planta, pero irónicamente no la iniciativa privada, como en teoría aplicaría bajo una legalización tradicional.

La razón principal es que Uruguay es gobernado por una social-democracia de corte socialista, donde el Estado se encarga de gran parte de la economía de aproximadamente 3 millones de personas. Es en este sentido que puede decirse que Uruguay nacionalizó su relación con la marihuana, de acuerdo a la prioridad de los intereses públicos de la comunidad.

Lo primero que se estableció con la modificación de la ley fue corroborar la descriminalización que ya existía en la teoría y la práctica. El consumo casual ya era tolerado, pero la nueva ley oficializa su uso. Esto quiere decir que el Estado simplemente reconoció algo que el pueblo ya practicaba por decisión propia, y ahí radica el gran avance político.

Esto no quiere decir que la ley haya sido aprobada sin contratiempos. Un dilema fundamental es la participación del Estado en el negocio, algo que sería muy difícil en México por la corrupción imperante.

No hay que olvidar que regular y legalizar implica arrebatarle el negocio ilícito al narcotráfico. Muchos le temen al hecho que el Estado adquiera otra manija de control sobre el pueblo, debido a los nuevos poderes de observación y control que el monopolio sobre el negocio de la mariguana le otorgan a la autoridad.

Mientras tanto, lo que el gobierno de José Mujica logró con la modificación a la ley fue exculpar a la planta de su presencia urbana, al vez que toleró a los individuos en su relación privada con ella. Estos pueden tener hasta seis plantas en su casa para consumo doméstico, pero sin derecho a venderla en la calle. Aparte, se reforzó la influencia de las A.C. (clubes de autocultivo de hasta 45 miembros) como entidades autónomas.

Parece que por fin el Estado comenzará con la siguiente etapa, que consiste en la producción de la marihuana dentro del territorio nacional, aunado a su distribución en farmacias, de hasta 40 gramos por persona registrada por mes.

México escogió un método distinto para su legalización, de acuerdo al tamaño del mercado y la cruenta e impopular guerra contra el narco. Una ciudadanía claramente en contra de la planta (66% según, El Universal) dificulta la legalización por la vía legislativa, por lo cual se recurrió al pragmatismo no ideológico del poder judicial para eludir al pueblo.

Hay que aclarar que las cuatro personas que impusieron el amparo representan a la A.C. y no al individuo constitucional, ese que se valida con la democracia electoral o el referéndum.

Esto quiere decir que es plausible que intereses geopolíticos y económicos estén afectando la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Esperemos que esta bomba mediática de humo verde no sea la antesala para la inmediata comercialización y privatización de la marihuana, camino que desaprovecharía la oportunidad de sintonía pública como la del caso uruguayo.

Sin consulta ciudadana ninguna ley genera eco colectivo.