La legitimidad política, en nuestros tiempos, esta basada en parte en estructuras que el sistema republicano ha logrado después de siglos de avances democráticos. Los representantes son electos por el pueblo para poder cumplir con su “legítima” función de gobierno. Esta estructura forma parte de un proceso, y ese mismo proceso estructura a su vez lo que es la representación política en la democracia moderna. Lo damos como un hecho incuestionado que forma parte de nuestra realidad al igual que en los tiempos feudales se daba como un hecho el poder carismático y tradicional del monarca. Al señor feudal se le aceptaba como inamovible, el estaba ahí, y la lealtad a el era la base personalizada de esa colectividad medieval.
Pero nuestros gobiernos contemporáneos basan su desempeño y eficiencia en métodos mas impersonales como el intercambio de un servicio público a cambio de una carga impositiva. En este sentido, el ejercicio del poder que distinga a cualquier individuo bajo este esquema están basadas en la medición de resultados que se evalúan de acuerdo a lo expuesto al iniciarse cualquier campaña proselitista. No obstante, es posible que los cambios positivos que se buscan en el ejercicio del poder no siempre se logren.
Existen muchas variables que determinan el éxito de cualquier mandato legítimo. La contingencia y los resultados inesperados son siempre posibilidades latentes al intentar darle sentido al gobernar sobre cualquier colectividad. Pero aunque las variables anteriormente mencionadas son comúnmente difíciles de identificar o hasta imperceptibles, existe un vector real que puede desequilibrar la intención que se tiene al efectuar cualquier acción y el efecto que se busca generar con dicha acción, la corrupción. Los efectos de cualquier iniciativa política pueden ser mermados o hasta desviados de su curso original dado que la intención no logra concretarse por la suma del factor corrupción. Simple y sencillamente las acciones políticas no logran tener resultados porque no se llevan acabo como inicialmente se propusieron, y por ende, sus efectos esperados no se materializan.
Siguiendo este mísma línea de razonamiento, la confianza en nuestras instituciones políticas se convierte en el cordón umbilical de cualquier entidad que se gobierna. La confianza, como valor fundamental cívico-social, se vuelve en el lubricante vital que cualquier maquinara política de cualquier nación y de cualquier latitud deben constantemente regenerar. Tenemos que tener confianza en que el gobierno haga las cosas que dice, y que si estas no funcionan como se planearon, nos lo hagan saber. Podemos ser leales y lograr una vinculación mayor con cualquier plataforma burocrático-administrativa
La comunicación entre el estado y los ciudadanos que lo conforman se basa en comunicados oficiales de gobierno. La burocracia estatal nos informa de las actividades que lleva a cabo como parte de la democracia representativa, y, en este sentido, la interpretación de cualesquiera de estas actividades se vuelve supuestamente innecesaria dada la transparencia con la cual teóricamente se llevan a cabo y con la que subsecuentemente se nos informan.
Por otro lado, se nos dice que es necesario el tener evidencia para poder substanciar cualquier empresa del gobierno que pudiese ir en contra de los intereses de la sociedad en general, incluyendo la corrupción, esto en el caso cuando la sociedad sienta y piense que se cometen tropelías en detrimento suyo. La presente administración del municipio de Monterrey se ha visto inmiscuida en constantes acusaciones de corrupción, todas cuales han sido rechazadas por su ejecutivo de manera categórica por no presentarse de manera concreta con la presentación de la correspondiente evidencia para comprobarlos.
El hecho de que las leyes mexicanas favorezcan de manera importante el privilegio político sobre el ciudadano es uno de los motivos por los cuales la población se encuentre desprotegida de manera desproporcionada en contraposición al gobierno. Estos actos de corrupción flagrante, que la gente siente y razona, y que obviamente interpreta COMO corrupción, desquebrajan cualquier confianza que se pueda tener depositada en los gobernantes. No es necesario demostrar con evidencia lo que esta era de la información televisada se ha encargado de lograr. La opinión publica esta mediatizada en cuanto al tema de la corrupción al punto de que esta ya permea sus alimentos como condimento desagradable.
La crisis política regiomontana se ve agravada por el concomitante predicamento estructural que vive la republica mexicana en relación al crimen organizado y la inseguridad que éste genera. La ciudadanía se encuentra en un estado catatonico de miedo gracias a la proliferación de una realidad informativa que se a encargado de galvanizar a la población de manera significativa. Lo que no pudieron hacer los valores cívico-nacionales ( la idea de ser mexicano) en contra de la corrupción generalizada, lo esta logrando directamente la inseguridad y los crimines des-humanizantes que de ella emanan. La población se encuentra en estos momentos unida en colectividades que mas allá de compartir conceptos nacionales como los de patria. En este momento nos une una especie de pragmatismo sistematizado y su centro es el miedo. Queremos paz y orden al precio que sea y hasta estamos dispuestos a sacrificar nuestras libertades cívicas y políticas para obtenerlos.
Un consecuencia de esto es que la corrupción se vuelve mucho mas intolerante dado que se relaciona a esta última directamente como causa de la inseguridad. La corrupción genera un vacío de poder dado que los políticos se convierten en obstáculos para el buen funcionamiento de las instituciones de las cuales son partícipes y que los conectan con la ciudadanía y otros grupos de influencia en el país. Este vacío de poder es llenado de distintas maneras, siendo una de estos los poderes facticos, dentro de los cuales se encuentran los grupos que ahora buscan secuestrar nuestras comunidades.
Esta inconformidad generalizada debe reverberar dentro de las plataformas políticas como los partidos y el poder legislativo para que estos tomen las decisiones pertinentes. Como intermediarios entre el ejecutivo y la ciudadanía, deben de tener la sensibilidad para poder denotar el descontento y la inconformidad social y dejar de actuar como elite senadurial, velando por sus propios intereses partidistas. Deben actuar, en consecuencia, mas como tribuna, velando mas por los intereses del pueblo que supuestamente representan. Lo que deben buscar es lograr el arbitraje justo y cumplir con su función de contrapeso político.
El respeto y la aplicación de la ley de manera isonomica es la base cívica de cualquier civilización. O la ley se aplica y se ejecuta por todos y para todos o no se respeta por nadie. La inseguridad broto de la cultura de la impunidad que todos nosotros día a día reproducimos. En un país tan individualista es crucial el colocar al estado de derecho al frente de la vida social para crear un mundo público habitable. Los actos de corrupción, incluyendo el abuso de poder, deben de ser castigados de manera drástica, in situ. No es posible que estemos satisfechos con la frase “pues que robe pero que no sea tanto“. Nuestra sociedad NO ES una telenovela.
La clase política debe poder discernir que en momentos de crisis se vuelve indispensable reforzar esta confianza de manera en que se vuelva metafóricamente en el cordón umbilical que mantiene a las comunidades civiles funcionando. Es menester darse cuenta de la realidad estructural en la que estamos y el tomar las medidas político-administrativas correspondientes. El eliminar los ejemplos de corrupción, y a los políticos que la perpetúan, seria no menos que el lógico inicio del camino que nos liberará del constante peligro y vulnerabilidad con el cual compartimos nuestra comunidad y nuestra patria.
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